Nosotras decidimos

Ayer fuimos miles en todo el país exigiendo la #LibertadParaBelén porque no queremos más presas por abortar.
Desde la cárcel decimos que nosotras decidimos, porque somos dueñas de nosotras mismas.

12 de agosto: ¡Libertad para Belén!

Belén es una jóven que está presa en Tucumán por un aborto espontáneo. Además de haber sufrido violencia médica e institucional, transita una injusta condena de ocho años. Se la señaló, hostigó y violentó sistemáticamente pero, como dice ella, nadie la escuchó.

Hoy fuimos miles lxs que nos encontramos en las plazas de todo el país para exigir la inmediata liberación de Belén y el aborto legal, seguro y gratuito.

La ilegalidad del aborto y las muertes que su clandestinidad produce son un problema que se repite a lo largo de toda Latinoamérica. Para ilustrar con algunos ejemplos, traemos el caso de El Salvador, donde actualmente 129 mujeres atraviesan procesos judiciales por interrumpir su embarazo. O Ecuador, donde se registraron 74 casos judicializados por aborto en los últimos dos años. Mientras tanto, desde que se legalizó el aborto en Uruguay, no se registran muertas por abortar.

Las leyes fueron escritas por y para hombres. Entonces, la balanza de la justicia siempre tira para su lado. En Argentina, se documentaron 234 condenas por abortar entre 1996 y 2008. ¿El derecho a decidir sobre nuestros cuerpos dónde está? ¿Y la libertad de elegir nuestros propios proyectos de vida? En la letra chica de las leyes prima el mandato a ser madres como destino obligatorio.

Encontrarnos en las calles en un grito colectivo nos hace sabernos acompañadas. Pedimos libertad para Belén, y detrás de ese nombre está el de todas las mujeres que están presas por abortar. Hoy, como todos los días, exigimos aborto legal, seguro y gratuito en todos los hospitales del país. Y que no haya ni una presa más por abortar.

Belén no es la única mujer presa por abortar*

Por Malena García. Este viernes se realizará una movilización nacional en distintas plazas del país exigiendo la libertad para Belén, la joven condenada a ocho años de prisión por un aborto espontáneo. Su caso implica una violación de los estándares internacionales de derechos humanos y, sobre todo, un mensaje de disciplinamiento para las mujeres.

Después de cumplir dos años en prisión preventiva en la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Tucumán, la Justicia la consideró culpable de homicidio en un caso repleto de irregularidades: nunca se realizó un ADN entre Belén y el feto ni se lo conservó como prueba; no existen pruebas de que haya ido al mismo baño donde se encontró el feto; hay testimonios que indican que el baño estaba limpio, al igual que la ropa de Belén; y sus propias declaraciones, en las cuales sostuvo que no sabía que estaba embarazada cuando llegó al hospital, entre muchas otras.

Hablar del caso de Belén es hablar de la legalización del aborto, es hablar de las mujeres que año a año caen en prisión por delitos de homicidio agravado por el vínculo cuando deciden sobre su cuerpo, es hablar de las mujeres pobres que están presas mientras las mujeres que pueden acceder a abortos en clínicas privadas permanecen en libertad. “Ahora quiero buscar respuestas, que se sepa la verdad y se haga justicia. Que ninguna otra mujer pase por lo mismo ni tenga miedo de ir a un hospital”, dijo Belén.

Un problema nuestramericano

Belén no es la única mujer presa por un aborto. En Argentina, se documentaron 234 condenas por abortar entre 1996 y 2008. En el caso de Brasil, 128 mujeres fueron juzgadas en el período de 2007 a 2010. Un número similar al de El Salvador, donde actualmente 129 mujeres atraviesan procesos judiciales por interrumpir su embarazo, según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto (ACDA). En Ecuador, se registraron 74 casos judicializados por aborto en los últimos dos años.

Verónica Cruz, directora de la organización Las Libres, afirmó que se han documentado cerca de 700 mujeres presas por abortar en México desde el año 2009, con casos de mujeres que han recibido penas de hasta cincuenta años de prisión. Uno de los casos que resonó este año fue el de Patricia Méndez Manuel, quien fue víctima de una violencia escalofriante en el hospital, cuando una enfermera se acercó con restos de un feto diciéndole “¡bésalo, pídele perdón, tú lo mataste!”.

En el libro “Aborto en Chile: el deber de parir”, Claudia Lagos Lira sostiene que el encarcelamiento por abortar es también un problema de clase: “Las mujeres que llegan a la cárcel por aborto tienen un perfil bastante claro. Más de la mitad de ellas no ha terminado la educación media. Algunas son analfabetas y otras ni siquiera tienen la enseñanza básica completa. La mayoría es dueña de casa o se desempeña en trabajos de baja capacitación, sobre todo como asesoras del hogar”. La condición de mujeres pobres en las tasas de prisionalización femenina es una característica que se repite en todo el continente.

Los únicos países donde el aborto es legal en América latina son Cuba, Guyana y Uruguay, y el país de Puerto Rico en centroamérica. El resto de los países lo permite en caso de que la vida de la mujer se encuentre en riesgo, exceptuando a Chile que lo prohíbe incluso en este caso. A su vez, una gran cantidad de países -Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela- prohíben interrumpir el embarazo en caso de violación.

Mientras gobierne Macri no, ni pensarlo

El 30 de junio, la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentó por sexta vez el proyecto de ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara de Diputados de la Nación. La organización presentó estadísticas que sostienen que unas 100 mujeres mueren por año por la práctica de abortos clandestinos, cifras que serían mayores si no fuera por las redes de consejerías pre y post aborto que existen en el país.

En el mes de julio, el Comité de expertos de Naciones Unidas recomendó a Argentina la revisión de la legislación sobre el aborto, entendiendo que la penalización del mismo no sólo no impide su práctica sino que también pone en riesgo la integridad de las personas que deben recurrir al aborto clandestino. En Uruguay, donde la práctica del aborto es legal, no se han registrado muertes desde que comenzó a regir la legislación, por dar un ejemplo.

Sin embargo, al ser consultado por el caso de Belén, Mauricio Macri defendió la prohibición del aborto argumentando que “traer a un niño a este mundo es una de las cosas más lindas que le puede pasar a una pareja”. Frente a posturas reaccionarias que conciben a las mujeres como madres y potenciales madres, que prohíben la libertad de elección sobre nuestros propios cuerpos y que se desentienden de las responsabilidades del Estado en el altamente redituable negocio del aborto clandestino, se hace imprescindible luchar en unidad por su legalización. Argentina no será ni por asomo un país más democrático mientras no se salde esta deuda. Ni pensarlo.

*Publicada en www.notas.org.ar

Revista Atrapamuros #7: puntos de venta

En la ciudad de La Plata, podés conseguir la revista Atrapamuros #7 sobre familiares de detenidxs en estos puntos de venta.

En la edición de "Compartir el castigo: familiares de detenidxs" trabajamos cómo la cárcel no se queda entre los muros que la rodean sino que tiene la capacidad de extenderse, de llegar hasta los barrios y las casas de las personas que visitan habitualmente la cárcel. Lxs familiares viven múltiples violencias, son estigmatizadxs y deben hacerse un lugar en un sistema hecho para excluir y desgastar. Pero como contracara de esto, cada día son más lxs familiares que se organizan y luchan de forma colectiva para resistir.

¡Libertad para Belén!

¡Libertad para Belén!
Viernes 12 de Agosto Marcha Nacional 

Concentración, radio abierta y marcha. 
Desde las 16 hs en 7 y 50.

Belén, joven tucumana que fue condenada a 8 años de prisión por haber asistido a un hospital con un aborto espontáneo.

No más mujeres presas por abortar!
Exigimos ser libres para decidir sobre nuestros cuerpos
Exigimos Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Traslados coactivos: violencia institucional contra las mujeres encarceladas en Santa Fe

Por Brunela Germán* y Natacha Guala**. El pasado martes 26 de julio se efectivizó el traslado coactivo de cinco mujeres detenidas por causas federales de la Unidad Penitenciaria Nº 4 de la ciudad de Santa Fe a la cárcel federal de Ezeiza. La medida se aplicó a pesar de la movilización de familiares y organizaciones durante la semana pasada y sin mediar respuestas concretas a sus reclamos por parte de las autoridades.

Los traslados son un método de tortura que tanto el Sistema Penitenciario Federal como los sistemas provinciales utilizan selectivamente para resolver diversas cuestiones, desde la sobrepoblación a los castigos irregulares. En este caso se presume además que podría ser la primera de varias medidas semejantes relacionadas con una a una puja política presupuestaria entre el gobierno nacional y el provincial. Como en la provincia de Santa Fe no hay cárceles federales, las personas detenidas por causas que corresponden a esta jurisdicción son alojadas en establecimientos provinciales por cercanía con sus hogares. Por una falta de acuerdo en  relación a las sumas que Nación debería pagarle a la provincia para el sustento de las personas detenidas dependientes de la justicia federal, se ha avanzado en esta medida, vulneratoria de los derechos de las mujeres encarceladas.

Al respecto, los programas “Delito y Sociedad”, “Género, Universidad y Sociedad” y “Educación Universitaria en Prisiones” de la Universidad Nacional del Litoral, que han acompañado a las mujeres y sus familiares en este proceso emitieron un comunicado en el que señalan que “esta falta de acuerdo entre los poderes políticos acaba teniendo eco en el poder judicial, con sentencias que ordenan el traslado compulsivo de las mujeres, alejándolas de sus afectos y de su núcleo de vida social, económica y afectiva, imponiéndoles un plus de castigo ilegal e ilegítimo”.

¿Qué significa un traslado?

Los traslados de personas detenidas son llevados a cabo, en la mayoría de los casos, sin dar ningún aviso y otorgando un tiempo ínfimo desde el momento en que se comunica, lo que implica que muchas veces las personas “se vayan con lo puesto”. Estas cinco mujeres, lograron dar aviso a familiares y organizaciones porque debido a un problema técnico no lograron trasladarlas en el primer intento. Así, por una cuestión de azar, pudieron comunicar que iban a ser destinadas a 500 kilómetros de la ciudad en la que residen.

Para una persona ser trasladada implica separarse de sus afectos,  sufrir una dolorosa desvinculación de sus seres queridos, así como también aventurarse a pasar las necesidades más esenciales. En la mayoría de los penales del país los presos y las presas dependen de las familias para poder alimentarse, asearse y vestirse. Como señalan en el comunicado los Programas mencionados: “Los traslados redundan también en la dificultad, sino directamente la imposibilidad, de mantener la participación en las instancias educativas y laborales, en retrocesos en los circuitos progresivos de las calificaciones de conducta y concepto, y obstaculizan su contacto con los jueces y defensores a cargo de sus causas”. Asimismo califican dicha situación como “violencia institucional contra las mujeres”.

Mujeres separadas y aisladas

En los casos de las mujeres detenidas se hace muy difícil sostener los vínculos con sus familiares. La baja tasa de encarcelamiento hace que existan pocas cárceles para mujeres en los territorios provinciales, por lo que, aún estando en la misma ciudad o provincia, muchas veces sus familias no cuentan con los medios necesarios para visitarlas. En los casos en que son trasladadas a cientos de kilómetros de sus hogares, como en este caso, el contacto con sus familias y afectos se vuelve de hecho imposible. Esto redunda en un castigo extra-legal que puede ser definido como tortura.

En las últimas décadas el encarcelamiento de las mujeres ha sufrido profundas transformaciones en Argentina y la región, tal como dan cuenta diversos informes realizados por organismos especializados. Esto se debe, en parte, a una serie de modificaciones en la política penal a escala global, particularmente la llamada “guerra contra las drogas”. La persecución selectiva de delitos vinculados al narcotráfico ha redundado en un crecimiento exponencial de procesos y condenas hacia personas que ocupan los eslabones más bajos de una cadena comercial millonaria, puestos ocupados crecientemente por mujeres. Por ello, las mujeres están cada vez más expuestas al poder punitivo del estado.

La falta de aplicación de medidas alternativas no privativas de libertad en estos casos, en los que se trata en general de delitos no violentos, orientados al sostenimiento de un mercado y una demanda internas existentes y consolidadas, implica que la sanción que se impone a las mujeres no guarda proporcionalidad alguna con la dañosidad del hecho, ni ofrece posibilidades reales de mejoramiento de sus condiciones vitales. Por el contrario, además de las violencias que sufren en prisión, sus familias acaban fragmentadas y sus condiciones económicas agravadas al salir de la cárcel.

Frente a este panorama es preciso preguntarnos ¿cuál es el sentido de una política penitenciaria como ésta?, ¿qué argumentos serán utilizados por las autoridades para justificar medidas violatorias de los derechos humanas de las mujeres y contrarias a todas las herramientas legales disponibles para resolver esta situación? Se trata de una política penal irracional, colmada de indiferencia por las vidas y los derechos de las mujeres encarceladas.

*Socióloga y **Abogada

Publicado en www.notas.org.ar