Basta de candidatxs verdugxs

Una puerta giratoria y una música dramática. Así empieza el video que lanzó el Frente Renovador la semana pasada, con la consigna ‘‘Basta de jueces sacapresos’’. En primer lugar, es importante desmitificar algunas cosas: los presos no entran por una puerta y salen por la otra. Según la Organización de las Naciones Unidas, La población carcelaria en Argentina creció de 37.885 personas en el año 2000 a 59.227 personas en 2010, es decir que casi se duplicó en diez años. Hoy las cárceles no sólo están superpobladas, sino que un 60% de las personas detenidas ni siquiera tienen condena: no se demostró si son inocentes o culpables del delito.

‘‘La inseguridad es el principal problema de los argentinos’’ se sentencia entre las imágenes recopiladas de distintos canales amarillistas, que tienen un objetivo en común: que la gente relacione la palabra ‘‘delito’’ con un solo sector social. Casualmente el más vulnerable. También, que la palabra ‘‘inseguridad’’ sea sinónimo de que te asalten y te roben el celular, y no de otras inseguridades, como no tener una casa que se banque una tormenta o una salita que funcione en el barrio.

‘‘El delito crece en todas las ciudades del país’’: falso. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el índice de criminalidad en Argentina se posiciona hoy con una tasa de un 5,5 de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Si comparamos los datos con los años de la crisis económica, vemos que en 2002 alcanza un pico histórico de 9,2.

Podemos ver que ante la mayor vulnerabilidad, desestabilización y desigualdad social, hay una tendencia a la mayor criminalidad. No hay más delitos que antes, lo que pasa es que los delitos que suceden están todo el tiempo en televisión. Entonces, ¿por qué estos factores no se tienen en cuenta a la hora de pensar políticas para reducir el delito? Sucede que para el Frente Renovador, ‘‘no hay tiempo para debates ni para vanidades ideológicas’’. Las soluciones siguen siendo las que se vienen implementando desde los ’90: rápidas, sin discusión de los problemas de fondo, y por ende ineficientes.

7 días en la vida

Reina Maraz, mujer inmigrante boliviana y pobre, fue condenada este martes 28 de Octubre a cadena perpetua. Una historia de violencias constantes y encarcelamiento selectivo que continúa silenciada, sin traducciones.

Haciendo memoria

En Mayo del 2014 se hizo público el caso de Reina Maraz, una mujer quechua, inmigrante boliviana y pobre, que no hablaba castellano y sufría violencia por parte de su marido y su familia política. Por aquel entonces definíamos violencia de género y asegurábamos que las múltiples opresiones sufridas por Reina a lo largo de su vida eran claro ejemplo de la cotidianidad que viven muchas mujeres puertas adentro de su hogar y, por qué no decirlo, tras los muros de las cárceles bonaerenses.

El 21 de Octubre del mismo año se anunció el comienzo del juicio que investigaba a Reina por el asesinato de su marido, Limber Santos. El 28 de Octubre, se anunciaba su culpabilidad. Una semana, tan sólo 7 días le llevó a la justicia declarar culpable a Reina Maraz y condenarla a cadena perpetua por asesinato. Casi 4 años, aproximadamente 720 días, le llevo a Reina contar su historia y ser escuchada, o al menos, eso creería.

Sentada frente a la jueza Silvia Etchemendi, acompañada por Marcela Alejandra Vissio y Florencia Butiérrez, Reina logró contar su historia gracias al asesoramiento y acompañamiento realizado por la Comisión Provincial por la Memoria, quien se aseguró de conseguirle una intérprete quechua.

Entre pausas para permitir que se traduzcan sus palabras, la inmigrante acusada relato cómo su marido Limber la obligó a venir a vivir a Argentina con la amenaza de llevarse a sus dos hijos con él. Cómo llego a golpearla hasta por 8 horas seguidas bajo los efectos del alcohol y cómo entregó a Reina, su cuerpo y su libertad, para pagar una deuda con su vecino Tito Vilca Ortiz.

Las miserias del poder

Todo eso que es castigo pero que vive fuera de la cárcel: un sistema penal que se estructura en torno a los miedos de burgueses asustados. Entrevista con Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata.


Más allá y más acá

Ninguna condena empieza y termina en la cárcel. La gran mayoría de los pibes y pibas que caen por primera vez presos conocen desde antes cómo pega la policía; y nadie que salga del encierro dejará por eso de sentir cotidianamente el peso de la persecución estatal. Hay algo que existe más allá y más acá de la cárcel, y funciona con policías, jueces, fiscales, abogados y demás personajes de la fauna estatal. Esta nota es una charla con Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata, acerca de toda esa máquina encargada de marcar gente, perseguirla y castigarla de por vida.

Todo este sistema parece por un lado algo gigante e impersonal, compuesto de legajos, procesos, normas y reglamentos ejecutados burocráticamente por funcionarios públicos apáticos; pero hace falta ver también cómo sus engranajes funcionan a través de rutinas represivas y cotidianas de las distintas fuerzas del orden. Y cómo, en la conjunción de ambas partes, todo esto significa una sola cosa: el estado interviniendo con violencia en la vida de miles de pibes y pibas, todos iguales frente al ojo acusador: pobres, negros, desocupados y por lo tanto propensos a cometer pequeños y torpes delitos, que serán castigados como si fueran el origen de todo mal.