Emergencia de Seguridad Pública: recetas, enemigos y miedos reciclados

En el día de ayer, el Gobierno Nacional decretó la Emergencia en Seguridad Pública durante un año, con el objetivo de ''revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico''. Entre otros puntos, el decreto contempla la posibilidad de obligar a aterrizar o derribar aviones no autorizados.

Con discursos alarmistas y atemorizantes, se toman medidas regresivas que avanzan sobre las garantías que las personas tenemos y que el Estado debe garantizar. La manera de actuar es instalando el miedo: en primer lugar, nos vienen anunciando que el narcotráfico es uno de los mayores flagelos de la sociedad argentina pero nunca nos brindan datos concretos que demuestren que esto realmente es así. En segundo lugar, se muestra al narcotráfico como un enemigo de todas y todos: ¿quién se opondría a combatir los delitos complejos?, esto genera un amplio consenso social. Por último, a partir del miedo y de un enemigo, que puede ser tanto interno como externo, se avanza sobre las instituciones y reglamentaciones que aseguran la democracia con el argumento de que ante tal estado de emergencia es primordial “la seguridad”, cueste lo que cueste. De esta forma obtienen la vía libre para manipular presupuestos y recursos públicos. 

Basta de candidatxs verdugxs

Una puerta giratoria y una música dramática. Así empieza el video que lanzó el Frente Renovador la semana pasada, con la consigna ‘‘Basta de jueces sacapresos’’. En primer lugar, es importante desmitificar algunas cosas: los presos no entran por una puerta y salen por la otra. Según la Organización de las Naciones Unidas, La población carcelaria en Argentina creció de 37.885 personas en el año 2000 a 59.227 personas en 2010, es decir que casi se duplicó en diez años. Hoy las cárceles no sólo están superpobladas, sino que un 60% de las personas detenidas ni siquiera tienen condena: no se demostró si son inocentes o culpables del delito.

‘‘La inseguridad es el principal problema de los argentinos’’ se sentencia entre las imágenes recopiladas de distintos canales amarillistas, que tienen un objetivo en común: que la gente relacione la palabra ‘‘delito’’ con un solo sector social. Casualmente el más vulnerable. También, que la palabra ‘‘inseguridad’’ sea sinónimo de que te asalten y te roben el celular, y no de otras inseguridades, como no tener una casa que se banque una tormenta o una salita que funcione en el barrio.

‘‘El delito crece en todas las ciudades del país’’: falso. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el índice de criminalidad en Argentina se posiciona hoy con una tasa de un 5,5 de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Si comparamos los datos con los años de la crisis económica, vemos que en 2002 alcanza un pico histórico de 9,2.

Podemos ver que ante la mayor vulnerabilidad, desestabilización y desigualdad social, hay una tendencia a la mayor criminalidad. No hay más delitos que antes, lo que pasa es que los delitos que suceden están todo el tiempo en televisión. Entonces, ¿por qué estos factores no se tienen en cuenta a la hora de pensar políticas para reducir el delito? Sucede que para el Frente Renovador, ‘‘no hay tiempo para debates ni para vanidades ideológicas’’. Las soluciones siguen siendo las que se vienen implementando desde los ’90: rápidas, sin discusión de los problemas de fondo, y por ende ineficientes.

Lxs presxs, ¿tienen que tener derechos laborales?

Esa fue la pregunta que empezó a rondar por distintos medios de comunicación a partir del fallo. El martes, la Cámara Federal de Casación Penal sentenció que el trabajo que realizan las personas privadas de su libertad se equipare al trabajo que realiza una persona por fuera de la cárcel. Basándose en el principio constitucional de ‘‘igual remuneración por igual tarea’’, se incluyen además obra social, cobertura frente a accidentes, asignaciones familiares, agremiación y capacitación laboral.

A partir del reclamo de presos de la Unidad 1 de Ezeiza por descuentos salariales e irregularidades, la Justicia se vio obligada a discutir sobre la desigualdad en las condiciones de trabajo.

Mejor no hablar de la cárcel: de conveniencias e impunidades*

La cárcel en los medios de comunicación. Comunicar sin construir datos fiables. (Des)Información y encubrimiento de violaciones de derechos humanos.

Uno de los motivos que llevan a escribir sobre la cárcel es el hecho de que existe un gran desconocimiento público sobre el tema. En primer lugar, la mayoría de las personas nunca han pisado una cárcel, un factor que lleva a hablar de ella desde el sentido común, en lugar de hacerlo desde experiencias propias o ajenas.

Son muchas las cosas que se dicen de las instituciones de encierro, y aunque son pocas las personas que defienden la cárcel como un lugar agradable, son varias las posturas acerca del rol de dicha institución en la sociedad. Pese al desconocimiento de los detalles, se sabe que es un lugar hostil, que hay violencia adentro, o simplemente que no queremos terminar allí. Pero, ¿por qué no hay información sobre su funcionamiento?

Esta nota se propone sintetizar algunas cuestiones que, en conjunto, hacen que la información sobre la cárcel no sea divulgada, provocando una creencia generalizada de que es una institución que funciona bien y resocializa a quien pasa por allí.