Por M. Eugenia Ambort y Marino Chaves
El temporal que se desató sobre
la ciudad de La Plata
el pasado 2 de abril dejó tras de sí una imagen impactante. Los innumerables daños materiales, los intentos
del gobierno de desligarse de su responsabilidad, las muertes y las
incertidumbres en torno al número real de las mismas, ocuparon muchas páginas
de periódicos y bastantes horas en informativos. Pero más allá de las
polémicas, es innegable la gravedad del asunto, así como la falta de medidas adecuadas
para reparar los daños. La tormenta pasó, pero difícilmente pueda decirse que
para todxs salió el sol.
Hacer una clasificación en el
sentido de buscar a las verdaderas víctimas del asunto no es lo ideal, ya que
no parece justo negar los daños que implicó incluso para los sectores más pudientes
de la comunidad. Ahora bien, esto no implica que no sea necesario hacer una
salvedad, señalando los daños y pérdidas mucho más profundas en los barrios más
pobres de la ciudad. Un titular de un
diario decía algo así como “La tormenta golpeó por igual a ricos y pobres”.
Nada mejor para refutarlo que esas imágenes de gente en bici o en carritos
recolectando para sí lo que dentro del casco urbano la gente desechaba por
haber estado bajo el agua. Además, esta diferenciación entre sectores se vuelve
importante porque estuvo presente en la manera en que el Estado operó.
La primera respuesta del
gobierno, y con seguridad, la predominante, fue el inmediato aumento de fuerzas
policiales hacia la ciudad de La
Plata , focalizándola en ciertas zonas. Desde la boca de
funcionarixs, la gendarmería y el ejército fueron convocados para “asistir a
las víctimas”. Por esto, resulta pertinente reflexionar sobre lo que se
entiende por asistir y por víctimas, y así hacer un balance del
papel desempeñado por parte del gobierno en el asunto.
El despliegue policial que hubo
(y hay) en la ciudad, el cruce veloz y con sirena sonando cada tanto de un
móvil de gendarmería, gendarmes amontonadxs y sentadxs en esquinas o a lo largo
de toda una cuadra, móviles del Ejército, policías ubicadxs en esquinas
habilitando a veces, negando otras, el pase a los barrios, camiones hidrantes…
estas imágenes nos acercan a un primer esbozo de lo que el gobierno entiende
por asistencia. Porque asistir se convirtió en sinónimo de seguridad, y la
manera de dar seguridad fue aumentar la presencia de fuerzas represivas.
Es que la conmoción por el
temporal y sus consecuencias tensionaron los ánimos de la población platense,
que tuvo que arreglárselas como pudo en medio de la falta de electricidad y
transportes, la falla de celulares y la incertidumbre sobre la situación de lxs
más allegadxs. Incluso, al día siguiente fueron lxs propixs vecinxs los que
ayudaron en sus barrios. Organizaciones y ciudadanxs acudieron a lugares
cercanos o conocidos a dar una mano y brindar donaciones. Desde el inicio,
fue la mano de la gente la que reemplazó
a la del Estado ausente.
Un Estado no tan ausente, en
realidad. Porque como dijimos, su presencia llegó de la mano del despliegue
policial, de gendarmería y del ejército. Fue ésta la reacción del gobierno:
dejar en manos de fuerzas represivas la asistencia de lxs damnificadxs,
dándoles independencia para actuar según sus lógicas y sus vicios, mientras el
agua, alimentos, colchones y abrigo escaseaban, y casi del único lugar de donde
provenían era de las donaciones ciudadanas. El déficit estatal aumenta si
tenemos en cuenta la deficiencia del sistema de salud, la incapacidad de
contener a la cantidad de damnificadxs, el tiempo que se tardó en rehabilitar
los servicios de luz y agua. Lejos de poder justificarse esto por la gravedad y
lo inusual de la tormenta, no puede dejar de señalarse una gestión que poco hizo
por mejorar la calidad de vida de buena parte de la población.
Y teniendo en cuenta esto debemos
retomar el punto del que partimos, señalando el trato diferencial hacia la
población. Porque mientras dentro del casco urbano se podían ver efectivos
policiales “brindando seguridad” a las víctimas del temporal, conforme nos
alejamos y entramos en los barrios más precarizados el proceder fue otro. En
los hechos, el término “víctimas” no fue el que guió el accionar en estas
zonas, y la palabra “asistencia” difícilmente pueda calificar al mismo
proceder. Un proceder que consistió en contener los conflictos e imponer el
orden. Al afirmar esto, se tiene en cuenta la represión de los piquetes que
formaron lxs vecinxs en su búsqueda de visibilizar su situación y de pedir la
colaboración ciudadana y estatal a la vez. Se contempla también la situación en
los barrios periféricos por la noche, en medio de la oscuridad profundizada por
la falta de electricidad, con las zonas prácticamente sitiadas. Así como
también la barrera impuesta a organizaciones sociales, impidiéndoles entrar con
donaciones a determinados barrios.
Son éstas situaciones de las que
poco se ha dicho, aisladas por los medios de comunicación que hablan de lxs más
dañadxs por el temporal mientras entran a filmar casas de la clase media. Estas
acciones no son detalles, se dan en el marco de un déficit notorio de la
respuesta gubernamental ante una catástrofe cuyo impacto en parte se debe a
deudas pendientes y tareas no asumidas en su gestión. A su vez, reflejan el
modo de entender la seguridad, limitada al accionar policial para compensar las
demandas de mano dura presentes en la sociedad, y dando rienda suelta a la
burocracia policial para que se encargue de hacer efectiva esa “seguridad”. A su vez, es expresión del lado represivo y
regresivo del gobierno. Represivo por ser la fuerza directa la respuesta a la
tensión de la gente, regresivo por no satisfacer necesidades legítimas y
urgentes. Represivo por centrar la respuesta estatal en fuerzas militarizadas,
regresivo por sitiar y aislar las zonas más damnificadas, impidiendo viabilizar
sus reclamos. En definitiva, este modo de proceder es expresión de lo represivo
y regresivo del gobierno por basarse en la complicidad gobierno-fuerzas
represivas.
El uso de la palabra
“complicidad” en lugar de “cooperación” no es fortuito. Son palabras que
describen situaciones diferentes. La segunda haría referencia a una relación
entre las dos instituciones en la que ambas colaborarían entre sí para
beneficio del conjunto de la población. Cada una desde sus responsabilidades,
habilidades y funciones específicas. El Estado proveyendo de personal
capacitado, con los servicios de salud funcionando de manera óptima, con la
provisión de lo necesario para compensar las carencias generadas por la
catástrofe (olvidándonos por el momento de las carencias diarias), recibiendo y
coordinando de manera eficaz al contingente de voluntarios. El ejército,
gendarmería y la policía pondrían en prácticas sus años de instrucción en
tareas de emergencia, posibilitando el cumplimiento de numerosas funciones,
realizando las operaciones debido a las ventajas de la organización
jerarquizada y planificada. Pero en lugar de “cooperación” la palabra usada fue
“complicidad”, y esto implica una situación totalmente diferente.
Complicidad entre el gobierno y
las fuerzas represivas cuando éstas cumplen la función de mantener el orden y
aquél da carta blanca a los modos de proceder; complicidad cuando no se permite
el pase de organizaciones independientes a las zonas dañadas, complicidad
cuando se dejan zonas liberadas para que los punteros políticos defiendan a
través de la violencia sus zonas de clientelismo, complicidad en la falta de
certezas sobre algo tan básico como el número de víctimas (así, los costos
políticos y legales serán menores tanto para un gobierno deficiente como para
una burocracia policial que se maneja con prácticas irregulares). En
definitiva, complicidad entre estas instituciones porque entablan relaciones
para beneficio mutuo, poniendo su granito de arena para que los vicios de la
otra no salgan a la luz y sigan alimentándose.
Seguramente, hubo un error de
cálculo en lxs funcionarixs que se acercaron a los barrios a charlar con la
gente. Por alguna razón, creían que iban a ser bien recibidos ante tan noble
gesto. Pero por el contrario, la gente expuso su bronca sin reparos, y obligó a
Cristina a ponerse a discutir neciamente y hacerles entender que ella también
lo había vivido, que sabía lo que sentían. Esa gente fue tildada por Alicia
Kirchner como “agitadores violentos que no quieren que se los ayude”. Pero nada
más alejado de la realidad.
La tormenta no golpeó a ricxs y
pobres por igual, sino que hiso aún más evidente la desigualdad, dañando más a
pobres que a ricxs. El gobierno tuvo serios déficit en la manera de proceder a
una catástrofe para la que no estaba preparado, contribuyendo a demás a la
marginación y la estigmatización de lxs más afectadxs. Esto continúa aun hoy,
cuando son la especulación electoral y el clientelismo lo que guía la
distribución de mercadería por parte del oficialismo, y cuando las
organizaciones no oficiales son golpeadas y perseguidas por punterxs políticos en
los barrios afectados. La connivencia policial y la invisibilización de la
situación de lxs más afectadxs profundizan el problema. Esto sólo puede revertirse
a través de la denuncia y el reclamo al gobierno, pero desde una posición comprometida
y con acciones que no reproduzcan las prácticas de la vieja política, que aún en
momentos críticos como estos, demuestran su desinterés por las necesidades del
pueblo.
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