En la misma línea del controversial decreto de emergencia de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el anuncio de la creación de las policías municipales no hace más que seguir reforzando la obsoleta política de “policiamiento” de la sociedad, de la que Scioli ha demostrado ser un alumno aplicado. Ya las trayectorias de nuestras malditas policías nos han demostrado que tener más “soldaditos” en la calle no disminuye el delito, sino que por el contrario agrava la situación generalizada de la violencia social. Sabemos que la institución constituye una parte fundamental del problema, mediante sus armados de causas, la sistemática violación de los derechos humanos, su vinculación con el delito organizado, etc, y sumarle a ello una nueva fuerza que en los hechos terminará siendo formada y supervisada por las vieja institución bonaerense no abre una perspectiva alentadora.
El proyecto de la Policía Municipal es presentado a principio del corriente año en la legislatura provincial. Dos proyectos son los que se pusieron en pugna: uno de ellos, el de Marcelo Sain, de corte más progresista, que proponía como fundamental la formación desvinculada de la policía bonaerense de los nuevos efectivos, como también la creación de algunos mecanismos de control por parte de la comunidad sobre la nueva policía. El otro proyecto, el que finalmente se está implementando -propuesto por el ministro de Seguridad de la Provincia, Alejandro Granados, y redactado por el jefe de la Bonaerense Hugo Matzkin-, reafirma el modelo policial actualmente en vigencia de la policía bonaerense: portación de armas fuera del horario de servicio, formación en seis meses en manos del Ministerio de Seguridad con los mismo criterios con que es “capacitada” la policía bonaerense y la arbitraria potestad para la retención de personas en el marco de operativos de averiguación de antecedentes.
