¿Delincuente se nace o se hace?

Fotografía: Georgiana SaintClair

Yo no tengo la culpa de haber nacido en un barrio, un contexto, una parte de la sociedad, donde se vive lleno de violencia, y crecer lleno de rencor. Vivís en la marginalidad, donde la mayoría pasa necesidades básicas, donde una madre o un padre reniegan siempre de lo mismo “no alcanza la plata, la puta plata”. Porque hay que pagar los impuestos que el Estado impone, para cubrir las necesidades básicas, para ellos, para sus hijos. Tenés que tener todo lo que “el mundo del consumo” te vende para que permanezcas en esta sociedad y no ser excluido. Y lo más importante que es alimentarse y vestirse, porque si no te morís de hambre o de frio.

Tampoco tengo la culpa de que sea más útil agarrar un arma que una lapicera, porque ese arma te ayuda a llenar la panza y a permanecer al mundo del consumo. Es el contexto que te alienta a dejar de estudiar porque en ese momento, tu familia necesita de tu ayuda y ahí, te condenás o te esclavizás.

Solo tenés dos opciones, robás o trabajás. Trabajás para vivir una vida de esclavo, porque el que trabaja acá nunca progresa y se hace rutina la vida de esclavo. O robás, poniendo en riesgo lo más importante, la vida. La tuya y la de otra persona. Pero ya no te importa tu vida, porque estar muerto sería el alivio para no seguir renegando por esa “maldita plata”, y no te importa la vida de esa persona, porque no la conocés y no sabés quién es.

Las miserias del poder

Todo eso que es castigo pero que vive fuera de la cárcel: un sistema penal que se estructura en torno a los miedos de burgueses asustados. Entrevista con Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata.


Más allá y más acá

Ninguna condena empieza y termina en la cárcel. La gran mayoría de los pibes y pibas que caen por primera vez presos conocen desde antes cómo pega la policía; y nadie que salga del encierro dejará por eso de sentir cotidianamente el peso de la persecución estatal. Hay algo que existe más allá y más acá de la cárcel, y funciona con policías, jueces, fiscales, abogados y demás personajes de la fauna estatal. Esta nota es una charla con Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata, acerca de toda esa máquina encargada de marcar gente, perseguirla y castigarla de por vida.

Todo este sistema parece por un lado algo gigante e impersonal, compuesto de legajos, procesos, normas y reglamentos ejecutados burocráticamente por funcionarios públicos apáticos; pero hace falta ver también cómo sus engranajes funcionan a través de rutinas represivas y cotidianas de las distintas fuerzas del orden. Y cómo, en la conjunción de ambas partes, todo esto significa una sola cosa: el estado interviniendo con violencia en la vida de miles de pibes y pibas, todos iguales frente al ojo acusador: pobres, negros, desocupados y por lo tanto propensos a cometer pequeños y torpes delitos, que serán castigados como si fueran el origen de todo mal.

Bonaerense para todos los municipios: la nueva vieja policía

Esta semana arrancó con la noticia de que la trabada discusión en la legislatura provincial acerca de la creación de las policías municipales fue clausurada repentinamente por la decisión de Scioli de crearla por decreto, salteando así la oposición legislativa radical y ganando el apoyo del peronismo conservador –el massista y el sciolista también– que criticaban los limitados aspectos progresistas del proyecto de ley.

Lo que estaba en juego en esta ley iba un poco más allá del hecho de crear más policías: de alguna forma se estaban poniendo en cuestión la estructura, metodología de acción y las prácticas de la policía bonaerense. El diagnóstico de quienes defendían la reforma por ley era que si se creaban nuevos cuerpos policiales, estos debían ser completamente autónomos de la bonaerense, para quitarle así alguna cuota de poder a una institución completamente inmersa en redes de corrupción y violencia contra lxs más pobres, cómplice con el delito a gran escala, e ingobernable políticamente.

Las consecuencias del encarcelamiento creciente*

Seguridad y políticas públicas: Sobre los viejos y nuevos problemas que acarrea la respuesta represiva al problema de la inseguridad.

Conocer a alguien que haya estado preso, tener un familiar en la cárcel o haber pasado por una situación de encierro, son casos de una realidad cada vez más común en los barrios populares de la provincia de Buenos Aires. Nos referimos al hecho de que en las dos últimas décadas el encarcelamiento ha aumentado en Argentina de manera exponencial, emergiendo como problema social. En tanto crece institucionalmente al aumentar el número de cárceles y de detenidos, también se expande afectando cada vez a más personas en sus historias personales y sus vínculos familiares, sociales y laborales.

La experiencia de vivir en la cárcel es desgarradora. Allí las violencias son la forma habitual de convivencia, tanto desde el personal penitenciario hacia los presos y las presas como entre los mismos internos. La violencia se ejerce desde lo más básico como la falta de acceso a la salud, la alimentación o la educación, hasta lo más extremo como las torturas corporales. También aparece como violencia simbólica, en la forma de malos tratos constantes y naturalizados, degradando y desvalorizando a las personas.

Las violencias se inscriben en los cuerpos y en las mentes de quienes, en el sentido literal y metafórico de la palabra, se encuentran “detenidos”. Estar detenido no implica sólo la condición del encierro, sino que aparece como la imagen de un lapso en el que el tiempo se suspende. La realidad sigue su curso, las personas envejecen, las cosas cambian, pero el “detenido” sólo tendrá acceso a eso de una forma mediatizada, a cuentagotas, a través de la televisión o las visitas familiares. La salida en libertad, más que el éxtasis de la resocialización, se manifiesta como la condensación del aislamiento sostenido en el tiempo y de esa violencia contenida.

"Perdón sociedad, acá estamos", salir de la cárcel y no volver*

El sábado 7 de junio se realizó la Feria de Arte y Diseño organizada por la Cooperativa Hombres y Mujeres Libres, un espacio donde el cooperativismo aparece como una oportunidad de reconstruir los lazos que la cárcel y la pobreza rompen, y una salida laboral frente a la falta de amparo del Estado y las marcas del Servicio Penitenciario.

En la mutual Sentimiento, situada en Avenida Lacroze 4181, 1°piso (Chacarita, CABA), se encuentra funcionando la Cooperativa Hombres y Mujeres Libres (HyML), un espacio autogestionado conformado por personas liberadas y familiares de gente privada de su libertad.

Claudio, uno de sus fundadores, define a la Cooperativa HyML como “una cooperativa textil” que “surge de la necesidad de tener un trabajo digno para los chicos que recuperan la libertad. Nace también de decir: perdón sociedad, acá estamos, estamos laburando, queremos seguir trabajando”.

Con el tiempo, la idea se amplió y comenzó a pensarse en hacer una feria, que ya alcanzó su cuarta edición el pasado sábado 7. La Feria de Arte y Diseño se realiza mensualmente con el objetivo de reunir a diferentes cooperativas, microemprendimientos y a cualquier persona que necesite un espacio donde vender sus productos.

“Dijimos: ‘tenemos un espacio grande, hay un montón de gente en estado de vulnerabilidad que no tienen lugar dónde vender sus cosas’. Apostamos a que en un futuro haya muchas más familias que puedan venir acá y vender lo que hacen artesanalmente los chicos que están detenidos”, dice Claudio respecto a quiénes participan del evento.

La situación actual de las mujeres privadas de su libertad*

Reina Maraz, mujer pobre e inmigrante, estuvo un año presa sin saber por qué. Lejos de ser un caso excepcional, su trayectoria de vida es consecuencia de la compleja trama de violencias que sufren las mujeres y las respuestas desplegadas desde el Estado.

La historia de Reina Maraz

En Noviembre del 2010, Reina Maraz ingresó al penal femenino Nº33 de Los Hornos, provincia de Buenos Aires. Allí estuvo alojada junto a su beba (nacida dentro del penal) durante un año sin saber por qué. Parecería ser que nadie se había percatado o interesado en que Reina, oriunda de una comunidad Kichwua de Bolivia, no hablaba castellano.

En 2011, el Comité Contra la Tortura conoció a Reina y comenzó a trabajar sobre su caso llevando a una traductora quechua. “No entiendo nada” fue lo primero que tradujo la profesional. Las palabras de la mujer fueron el puntapié que permitió develar la trama de violencias de género institucionales que el sistema judicial ejercía sobre ella.