martes, 23 de abril de 2013

Ayudando a que bajen las aguas: la mano del Estado en las inundaciones de La Plata

Por M. Eugenia Ambort y Marino Chaves


El temporal que se desató sobre la ciudad de La Plata el pasado 2 de abril dejó tras de sí una imagen impactante. Los innumerables daños materiales, los intentos del gobierno de desligarse de su responsabilidad, las muertes y las incertidumbres en torno al número real de las mismas, ocuparon muchas páginas de periódicos y bastantes horas en informativos. Pero más allá de las polémicas, es innegable la gravedad del asunto, así como la falta de medidas adecuadas para reparar los daños. La tormenta pasó, pero difícilmente pueda decirse que para todxs salió el sol.

Hacer una clasificación en el sentido de buscar a las verdaderas víctimas del asunto no es lo ideal, ya que no parece justo negar los daños que implicó incluso para los sectores más pudientes de la comunidad. Ahora bien, esto no implica que no sea necesario hacer una salvedad, señalando los daños y pérdidas mucho más profundas en los barrios más pobres de  la ciudad. Un titular de un diario decía algo así como “La tormenta golpeó por igual a ricos y pobres”. Nada mejor para refutarlo que esas imágenes de gente en bici o en carritos recolectando para sí lo que dentro del casco urbano la gente desechaba por haber estado bajo el agua. Además, esta diferenciación entre sectores se vuelve importante porque estuvo presente en la manera en que el Estado operó.

La primera respuesta del gobierno, y con seguridad, la predominante, fue el inmediato aumento de fuerzas policiales hacia la ciudad de La Plata, focalizándola en ciertas zonas. Desde la boca de funcionarixs, la gendarmería y el ejército fueron convocados para “asistir a las víctimas”. Por esto, resulta pertinente reflexionar sobre lo que se entiende por asistir y por víctimas, y así hacer un balance del papel desempeñado por parte del gobierno en el asunto.

El despliegue policial que hubo (y hay) en la ciudad, el cruce veloz y con sirena sonando cada tanto de un móvil de gendarmería, gendarmes amontonadxs y sentadxs en esquinas o a lo largo de toda una cuadra, móviles del Ejército, policías ubicadxs en esquinas habilitando a veces, negando otras, el pase a los barrios, camiones hidrantes… estas imágenes nos acercan a un primer esbozo de lo que el gobierno entiende por asistencia. Porque asistir se convirtió en sinónimo de seguridad, y la manera de dar seguridad fue aumentar la presencia de fuerzas represivas.

viernes, 12 de abril de 2013

(In)justicia patriarcal: el caso de las hermanas Jara


Por Brunela Germán y Tristán Basile


En la madrugada del 19 de Febrero de 2011 –hace dos años y tres meses– Ailén y Marina Jara volvían de bailar. Tenían 18 y 19 años. Vivían en Moreno, estaban terminando la escuela y ayudaban a su madre trabajando. En el camino a su casa se cruzaron con Juan Antonio Leguizamón Avalos, un vecino y hermano de una amiga de ambas. Él las hostigaba desde hacía tiempo, como seguramente hacían tantos otros hombres del barrio con tantas otras mujeres.

Pero este hombre actuaba con una impunidad mayor: guardaba fuertes vínculos con la policía y confiaba en la impunidad que le garantizaban esas relaciones oscuras. Así fue que esa noche, armado y disparando al cielo para asustarlas, intentó ir más allá. Y así fue que las hermanas también fueron más allá: se defendieron de la agresión sexual con un cuchillo de cocina, que clavaron en la espalda de Leguizamón. Lo que sigue a esto es el derrotero por el que transita cualquier mujer pobre que ingrese en los mecanismos perversos de la justicia. A la mañana siguiente las fueron a buscar a su casa, ellas entregaron el cuchillo y declararon sobre lo que había pasado. Pero Leguizamón las había denunciado la noche anterior, haciendo uso de sus conexiones con la policía del lugar, por intento de homicidio.

jueves, 4 de abril de 2013

El convenio de Periodismo en la Unidad 9 y relación entre Universidad y Cárcel en La Plata


En estos días los estudiantes de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (FPyCS) de la UNLP se encuentran en medio de una lucha por hacer cumplir su derecho a estudiar. Pero es necesario preguntarnos frente a quién es esa lucha. O mejor dicho, frente a qué, ya que las trabas se encuentran en el tira y afloje entre la FPyCS y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. 

Hasta el día de la fecha lxs estudiantes presxs pertenecientes a la FPyCS de la UNLP no saben si podrán cursar las materias de su carrera este año debido a que todavía no se ha renovado el convenio existente entre la respectiva facultad y el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires. El problema no refiere a un conflicto casual ni circunstancial, sino que es parte de la dinámica que año a año asume la puesta en marcha de dicho convenio. Así, mientras “se resuelve” la disputa por el financiamiento, cruzada por ver quién da más y quién da menos y sin que ninguno de los contrincantes asuma la responsabilidad que como instituciones estatales les cabe, el derecho a estudiar de 60 compañerxs privadxs de su libertad está en suspenso.