jueves, 4 de abril de 2013

El convenio de Periodismo en la Unidad 9 y relación entre Universidad y Cárcel en La Plata


En estos días los estudiantes de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (FPyCS) de la UNLP se encuentran en medio de una lucha por hacer cumplir su derecho a estudiar. Pero es necesario preguntarnos frente a quién es esa lucha. O mejor dicho, frente a qué, ya que las trabas se encuentran en el tira y afloje entre la FPyCS y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. 

Hasta el día de la fecha lxs estudiantes presxs pertenecientes a la FPyCS de la UNLP no saben si podrán cursar las materias de su carrera este año debido a que todavía no se ha renovado el convenio existente entre la respectiva facultad y el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires. El problema no refiere a un conflicto casual ni circunstancial, sino que es parte de la dinámica que año a año asume la puesta en marcha de dicho convenio. Así, mientras “se resuelve” la disputa por el financiamiento, cruzada por ver quién da más y quién da menos y sin que ninguno de los contrincantes asuma la responsabilidad que como instituciones estatales les cabe, el derecho a estudiar de 60 compañerxs privadxs de su libertad está en suspenso. 


Luego de 4 años en marcha, el convenio debe esperar para ser aplicado a que cada año se diriman las internas políticas relacionadas con el presupuesto necesario para su ejecución. Según lo estipulado en el acuerdo es el Ministerio el que debe brindar el dinero, lo que en otras palabras significa que el sueldo de lxs docentes y las materias que se dictarán dependen de cuánto esté dispuesto a dar el gobierno de la provincia.

La situación en la que se encuentran lxs estudiantes privadxs de su libertad este año no es una excepción a cómo se vienen dando las cosas. Sin ir más lejos, el año pasado el convenio recién se firmó en Agosto, lo que implicó graves consecuencias para lxs estudiantes y sus estudios. Es que las disputas entre la facultad, el Ministerio, el Servicio Penitenciario Bonaerense y los estudiantes de la Unidad 9 (organizados en el Centro de Estudiantes Universitarios Santo Tomás de Aquino - CEUSTA) no se resuelven de un día para el otro. El año pasado se realizaron, entre otras medidas, varios actos y jornadas en las que se reivindicaba el derecho y la necesidad del estudio. Como Atrapamuros hemos participado de algunos y hemos visto cómo la solución del conflicto ha sido el resultado de estas luchas de lxs estudiantes desde adentro.

Cabe aclarar que la UNLP como institución y su rectorado se desligan completamente del asunto, sin hacerse cargo de garantizar las condiciones necesarias mínimas para que sus estudiantes detenidxs puedan permanecer en la institución. Es esto lo que hace que el asunto quede relegado a la iniciativa de las facultades, en este caso la de Periodismo y Comunicación Social. 

Y por si fuera poco, este desentendimiento de la UNLP y esta iniciativa de la FPyCS son llevadas a cabo con un cierto grado de cinismo. Mientras que la Universidad no tiene problema en hacer alarde de sus actividades de extensión y de un supuesto compromiso asumido con la comunidad, el año pasado escuchamos cómo la Decana de la FPyCS, Florencia Saintout, en discursos pronunciados en el Centro de Estudiantes de la Unidad 9, remarcó lo mucho que su Facultad había penetrado en el ámbito carcelario para garantizar el derecho a la educación de quienes están tras las rejas. Pero lo cierto es que la Universidad está lejos de comprometerse con lxs estudiantes privadxs de su libertad, y la cárcel lejos está –lejísimos– de democratizarse y relacionarse como sería deseable con instituciones extramuros.

Es necesario decir que la FPyCS no ha tomado hasta ahora el asunto en todas sus dimensiones, y no se hace cargo de ello. Las cárceles son lugares de máxima violación de derechos humanos, por lo cual a la hora de trabajar en ellas se tiene que ir más allá de la repetición de un eslogan, asumiendo el espacio y la problemática con responsabilidad. Creemos que sostener que el kirchnerismo está democratizando la cárcel es un cinismo y una hipocresía de lo más repugnante. Y lo es aún más al decirlo dentro de una cárcel, donde a 30 metros del Centro de Estudiantes en el que se pronuncia un discurso sobre la libertad de estudiar posiblemente haya dos pibes defiendo su vida con una faca, donde haya penitenciarios golpeando a un hombre indefenso, donde haya alguien encerrado e incomunicado en un buzón de castigo. Es una falta total de respeto decir algo así en tal espacio, y es sobre todo faltarle el respeto a los pibes que están escuchando, porque son ellos los que hoy en día, bajo un gobierno democrático, sufren la tortura.

Creemos que la educación en las cárceles no puede asumirse si no se contemplan las problemáticas que la atraviesan transversalmente. A 4 años de “compromiso con la comunidad”, la FPyCS debería tener un balance de la trayectoria de su intervención y discusiones acerca de cómo seguir. Pero lamentablemente, la realidad muestra que no es así, y que la facultad da vuelta la cara y no ve que el crear dentro de una cárcel un espacio de extensión universitaria sin plantearse la necesidad de conectarlo con el resto de la población carcelaria generó un espacio fuertemente elitista y cerrado. Y esto debe ser remarcado tomando la precaución de no caer en posiciones regresivas. Porque cruzada por las desigualdades y por su implementación a partir de una lógica penitenciaria de beneficio, la educación universitaria llega sólo a unxs pocxs, creando así un pabellón con poca gente en una cárcel con superpoblación; un pabellón con murales, internet, contacto con gente de afuera y salidas para cursar, en una cárcel con condiciones edilicias inhumanas, que no llega a cumplir las necesidades básicas, donde hay gente encerrada en pabellones sin salir al patio por días, donde hasta el derecho a la visita es violado.

Todo esto también hace que los centros de estudiantes pierdan el horizonte para el que fueron creados. El contraste entre estos espacios y el resto de la cárcel recrudece las disputas internas entre lxs pibxs, y entre éstos y el SPB por el control de los mismos. La facultad no se hace cargo de que buena parte de la responsabilidad sobre estos espacios elitistas le compete a ella. Es fácil ir y proclamar la democratización cuando no es unx mismx el que pone el cuerpo.

El convenio debe firmarse cuanto antes, porque el tiempo que pasa es tiempo que pierden lxs pibxs en su lucha contra la cárcel. El empezar tarde las cursadas implica que no se terminen, el no cursar o no completar las materias impide avanzar en la carrera, debido a las correlatividades; la presión y la incertidumbre ejercidas sobre lxs estudiantes desgastan e impiden el ejercicio de un derecho básico como la educación.

Más allá del caso particular, la FPyCS y sobre todo la UNLP deben asumir su responsabilidad. Factores como el de la financiación de los convenios nunca son menores: que sea el Ministerio de Seguridad y Justicia el que brinde el dinero implica la pérdida de independencia por parte de la facultad y sus docentes, así como la entrada en circuitos represivos y burocráticos. Sabido es que si de educación hablamos, el no depender de otrxs no es un detalle.

Atrapamuros.

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