En el día de ayer, el Gobierno Nacional decretó
la Emergencia en Seguridad Pública durante un año, con el objetivo de
''revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo, el
crimen organizado y el narcotráfico''. Entre
otros puntos, el decreto contempla la posibilidad de obligar a aterrizar o
derribar aviones no autorizados.
Con discursos alarmistas y atemorizantes, se
toman medidas regresivas que avanzan sobre las garantías que las personas
tenemos y que el Estado debe garantizar. La manera de actuar es instalando el
miedo: en primer lugar, nos vienen anunciando que el narcotráfico es uno de los
mayores flagelos de la sociedad argentina pero nunca nos brindan datos
concretos que demuestren que esto realmente es así. En segundo lugar, se
muestra al narcotráfico como un enemigo de todas y todos: ¿quién se opondría a
combatir los delitos complejos?, esto genera un amplio consenso social. Por
último, a partir del miedo y de un enemigo, que puede ser tanto interno como
externo, se avanza sobre las instituciones y reglamentaciones que aseguran la
democracia con el argumento de que ante tal estado de emergencia es primordial
“la seguridad”, cueste lo que cueste. De esta forma obtienen la vía libre para
manipular presupuestos y recursos públicos.