En el día de ayer, el Gobierno Nacional decretó
la Emergencia en Seguridad Pública durante un año, con el objetivo de
''revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo, el
crimen organizado y el narcotráfico''. Entre
otros puntos, el decreto contempla la posibilidad de obligar a aterrizar o
derribar aviones no autorizados.
Con discursos alarmistas y atemorizantes, se
toman medidas regresivas que avanzan sobre las garantías que las personas
tenemos y que el Estado debe garantizar. La manera de actuar es instalando el
miedo: en primer lugar, nos vienen anunciando que el narcotráfico es uno de los
mayores flagelos de la sociedad argentina pero nunca nos brindan datos
concretos que demuestren que esto realmente es así. En segundo lugar, se
muestra al narcotráfico como un enemigo de todas y todos: ¿quién se opondría a
combatir los delitos complejos?, esto genera un amplio consenso social. Por
último, a partir del miedo y de un enemigo, que puede ser tanto interno como
externo, se avanza sobre las instituciones y reglamentaciones que aseguran la
democracia con el argumento de que ante tal estado de emergencia es primordial
“la seguridad”, cueste lo que cueste. De esta forma obtienen la vía libre para
manipular presupuestos y recursos públicos.
Es claro
que creemos importante enfrentar el narcotráfico y los delitos complejos,
especialmente la trata de personas, pero las medidas que habilita la nueva
Emergencia declarada no son las soluciones. Su eficiencia no está demostrada,
las fuerzas de seguridad no están especializadas ni se apunta a su
especialización; no se contempla la ya conocida participación de estas fuerzas
en las mismas redes delictivas que se pretenden combatir, y tampoco se piensan
en reformas estructurales ni medidas alternativas a la militarización (como
puede ser la legalización del consumo de marihuana). Además, son implementadas
sin discusiones previas con la sociedad y sin tener en cuenta los reclamos de
la población. Mientras miles de personas llenan las plazas reclamando
estabilidad laboral, el pago de sueldos adeudados y denunciando los despidos
masivos, el Gobierno utiliza los fondos del Estado para comprar armas y
dispositivos tecnológicos para las Fuerzas Armadas, la Policía Federal,
Aeroportuaria, Prefectura y Gendarmería.
Nuevamente somos presas del paradigma de la
“emergencia”: lo que esta palabra nos indica es que hay que hacer algo ¡pero
ya!, por eso es importante que nos detengamos a pensar. El gobierno actual sólo
declaró como urgente asuntos que permiten reforzar el poder punitivo del
Estado, lo que permite un mayor control de la población. ¿Y la salud pública no
se encuentra en emergencia? ¿Cuántas personas mueren por falta de atenciones
básicas? La manipulación de “las emergencias” abre el paso a dejarnos sin
amparo antes los abusos a los que nos tienen acostumbradxs las Fuerzas Armadas
y la policía. Pero nada de esto es novedoso ni propio, otra vez tomamos nota de
las políticas estadounidenses y su “lucha contra el terrorismo” que no hizo más
que justificar guerras y habilitar a la intromisión en cualquier aspecto de la
vida privada de sus ciudadanxs.
Hoy, ante este nuevo decreto nos encontramos con
distintas implementaciones: se flexibilizan los controles y exigencias tanto
para el accionar de las fuerzas de seguridad como para los destinos
presupuestarios, que al mismo tiempo se ampliaron para este sector. Respecto al
personal, se flexibiliza su movimiento y se convoca a personal retirado para la Policía Federal, Prefectura,
Gendarmería y Policía Aeroportuaria. Esto último va en detrimento de la
renovación de las fuerzas de seguridad, colaborando a continuar con las viejas
prácticas. A pesar de otras modificaciones, nos interesa subrayar la
posibilidad de que las FF.AA derriben naves no autorizadas que se encuentren en
el espacio aéreo argentino.
¿Por qué remarcamos la medida que habilita el
derribo de aeronaves? Porque ataca directamente a la vida. Ante todo, lo
primero que debe hacer un Estado es proteger la vida y no promover la muerte.
El derribo de aeronaves no autorizadas implica la muerte casi segura de quienes
estén en ellas, por ende se trata de atentar contra personas de las que se
ignora si son inocentes de cometer un delito, y aunque sean culpables la
respuesta sería su muerte. Esto no solamente no coincide con derechos avalados
por nuestra Constitución, donde las personas deben tener un juicio que las
encuentre culpables de un delito, además de tener derecho a la vida una vez que
el delito es probado; sino que justifica y permite que se consoliden prácticas
de la Policía y las Fuerzas Armadas, que en muchas ocasiones matan primero e
investigan después.
El pretexto de
emergencia y lucha contra el narcotráfico allana el terreno para la
militarización del país, tanto en las fronteras como en su interior. Así, se
legitima el avance de la Gendarmería en los barrios y se satura de policías el
espacio público -aumentando los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad-
mientras se recortan programas sociales y presupuesto destinado a la educación
y salud pública. Si bien no puede negarse la existencia de esta problemática en
los barrios, hay que resaltar que no podría existir sin la connivencia policial
y estatal, y que también existe en amplios sectores de la sociedad que sin
embargo no son estigmatizados. El Estado se hace presente en los barrios con
armas y políticas punitivas en lugar de intervenir antes para que nuestros
pibes y pibas tengan una vida digna con alternativas a la venta y consumo de
drogas. Al mismo tiempo, las emergencias en
relación a la seguridad se complementan con otras medidas antipopulares
como la criminalización de la protesta, un derecho legítimo del pueblo para
hacer sus reclamos, nunca tomados por el Gobierno como una emergencia.
Lo hemos dicho en muchas ocasiones y lo seguiremos
diciendo: no necesitamos más policía, necesitamos políticas para la vida.
Quienes estamos comprometidxs con la construcción de un país más justo, debemos
encontrarnos en las calles exigiendo políticas serias a mediano y largo plazo
para acceder a vivienda, educación y salud dignas y para vivir libres de todo
tipo de violencias.
Brunela
Germán y Malena García.
No hay comentarios:
Publicar un comentario