7 días en la vida

Reina Maraz, mujer inmigrante boliviana y pobre, fue condenada este martes 28 de Octubre a cadena perpetua. Una historia de violencias constantes y encarcelamiento selectivo que continúa silenciada, sin traducciones.

Haciendo memoria

En Mayo del 2014 se hizo público el caso de Reina Maraz, una mujer quechua, inmigrante boliviana y pobre, que no hablaba castellano y sufría violencia por parte de su marido y su familia política. Por aquel entonces definíamos violencia de género y asegurábamos que las múltiples opresiones sufridas por Reina a lo largo de su vida eran claro ejemplo de la cotidianidad que viven muchas mujeres puertas adentro de su hogar y, por qué no decirlo, tras los muros de las cárceles bonaerenses.

El 21 de Octubre del mismo año se anunció el comienzo del juicio que investigaba a Reina por el asesinato de su marido, Limber Santos. El 28 de Octubre, se anunciaba su culpabilidad. Una semana, tan sólo 7 días le llevó a la justicia declarar culpable a Reina Maraz y condenarla a cadena perpetua por asesinato. Casi 4 años, aproximadamente 720 días, le llevo a Reina contar su historia y ser escuchada, o al menos, eso creería.

Sentada frente a la jueza Silvia Etchemendi, acompañada por Marcela Alejandra Vissio y Florencia Butiérrez, Reina logró contar su historia gracias al asesoramiento y acompañamiento realizado por la Comisión Provincial por la Memoria, quien se aseguró de conseguirle una intérprete quechua.

Entre pausas para permitir que se traduzcan sus palabras, la inmigrante acusada relato cómo su marido Limber la obligó a venir a vivir a Argentina con la amenaza de llevarse a sus dos hijos con él. Cómo llego a golpearla hasta por 8 horas seguidas bajo los efectos del alcohol y cómo entregó a Reina, su cuerpo y su libertad, para pagar una deuda con su vecino Tito Vilca Ortiz.

Cómo tratar de pasar los días

Fotografía: Georgiana SaintClair

Hola, hoy les voy a contar cómo es un día mío en la cárcel, que no es muy divertido que digamos. Bueno, me levanto al oír al encargado cuando viene a pasar lista, que es más o menos a las 8:00 am. Me lavo la cara y los dientes, mientras tanto pongo una pava para tomar unos mates, y pienso cuándo será el día que pueda irme a mi casa para poder estar con mis seres queridos, que los extraño mucho.

Policías locales: otra no solución*

En la misma línea del controversial decreto de emergencia de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el anuncio de la creación de las policías municipales no hace más que seguir reforzando la obsoleta política de “policiamiento” de la sociedad, de la que Scioli ha demostrado ser un alumno aplicado. Ya las trayectorias de nuestras malditas policías nos han demostrado que tener más “soldaditos” en la calle no disminuye el delito, sino que por el contrario agrava la situación generalizada de la violencia social. Sabemos que la institución constituye una parte fundamental del problema, mediante sus armados de causas, la sistemática violación de los derechos humanos, su vinculación con el delito organizado, etc, y sumarle a ello una nueva fuerza que en los hechos terminará siendo formada y supervisada por las vieja institución bonaerense no abre una perspectiva alentadora.

El proyecto de la Policía Municipal es presentado a principio del corriente año en la legislatura provincial. Dos proyectos son los que se pusieron en pugna: uno de ellos, el de Marcelo Sain, de corte más progresista, que proponía como fundamental la formación desvinculada de la policía bonaerense de los nuevos efectivos, como también la creación de algunos mecanismos de control por parte de la comunidad sobre la nueva policía. El otro proyecto, el que finalmente se está implementando -propuesto por el ministro de Seguridad de la Provincia, Alejandro Granados, y redactado por el jefe de la Bonaerense Hugo Matzkin-, reafirma el modelo policial actualmente en vigencia de la policía bonaerense: portación de armas fuera del horario de servicio, formación en seis meses en manos del Ministerio de Seguridad con los mismo criterios con que es “capacitada” la policía bonaerense y la arbitraria potestad para la retención de personas en el marco de operativos de averiguación de antecedentes.

Sobre la inseguridad

Me indigna, me preocupa y me asusta el grado de inseguridad al cual estamos sometidxs constantemente como sociedad.

Aplaudo la iniciativa de que se ponga en todos los medios de comunicación el problema de la inseguridad. Por que es claro, algo tenemos que hacer. Es aberrante que se viva insegurx constantemente.

Me parece inaceptable que una familia “bien” no pueda vivir en paz, que no pueda salir a la calle sin saber si no te voltean de un tiro. Sin saber si vas a poder volver con el mango para poder darle de comer a tus hijxs, de familia bien, claro esta. Buena gente.

Mejor no hablar de la cárcel: de conveniencias e impunidades*

La cárcel en los medios de comunicación. Comunicar sin construir datos fiables. (Des)Información y encubrimiento de violaciones de derechos humanos.

Uno de los motivos que llevan a escribir sobre la cárcel es el hecho de que existe un gran desconocimiento público sobre el tema. En primer lugar, la mayoría de las personas nunca han pisado una cárcel, un factor que lleva a hablar de ella desde el sentido común, en lugar de hacerlo desde experiencias propias o ajenas.

Son muchas las cosas que se dicen de las instituciones de encierro, y aunque son pocas las personas que defienden la cárcel como un lugar agradable, son varias las posturas acerca del rol de dicha institución en la sociedad. Pese al desconocimiento de los detalles, se sabe que es un lugar hostil, que hay violencia adentro, o simplemente que no queremos terminar allí. Pero, ¿por qué no hay información sobre su funcionamiento?

Esta nota se propone sintetizar algunas cuestiones que, en conjunto, hacen que la información sobre la cárcel no sea divulgada, provocando una creencia generalizada de que es una institución que funciona bien y resocializa a quien pasa por allí.

Pasado y presente en el encierro*

Ilustración: Faca

Crímenes contra presos "comunes" ayer y hoy. La masacre del Pabellón Séptimo y la necesidad de asumir de una vez por todas que, como cantó el Indio, todo preso es político.

El 14 de Marzo de 1978 murieron quemadas, asfixiadas, golpeadas y/o con balazos en la cabeza al menos 64 personas en el Pabellón Séptimo de la cárcel federal de Devoto.

El mismo día aparecieron los cadáveres de varios jóvenes que habían estado secuestrados en el campo de concentración “El Vesubio”, un predio también perteneciente al Servicio Penitenciario Federal, ubicado en la Autopista Richieri y Camino de Cintura. Antes de morir sufrieron malos tratos y torturas ejecutados por guardias penitenciarios.


Lo que en el Pabellón Séptimo se inició como una protesta frente a una feroz represión, y culminó con la

muerte de personas desarmadas, desesperadas y humeantes se llamó “Motín de los colchones”. La causa judicial viajó entre la Justicia Federal y la ordinaria y, finalmente, el 30 de julio de 1979 el entonces Juez de Instrucción Jorge Valerga Aráoz decretó un “sobreseimiento provisorio” que la desidia, la falta de interés y el tiempo transformaron en definitivo.