Reina Maraz, mujer pobre e inmigrante, estuvo un año presa
sin saber por qué. Lejos de ser un caso excepcional, su trayectoria de vida es
consecuencia de la compleja trama de violencias que sufren las mujeres y las
respuestas desplegadas desde el Estado.
La historia de Reina Maraz
En Noviembre del 2010, Reina Maraz ingresó al penal femenino
Nº33 de Los Hornos, provincia de Buenos Aires. Allí estuvo alojada junto a su
beba (nacida dentro del penal) durante un año sin saber por qué. Parecería ser
que nadie se había percatado o interesado en que Reina, oriunda de una
comunidad Kichwua de Bolivia, no hablaba castellano.
En 2011, el Comité Contra la Tortura conoció a Reina y
comenzó a trabajar sobre su caso llevando a una traductora quechua. “No
entiendo nada” fue lo primero que tradujo la profesional. Las palabras de la
mujer fueron el puntapié que permitió develar la trama de violencias de género
institucionales que el sistema judicial ejercía sobre ella.
Pero las violencias de Reina empezaron mucho tiempo antes.
Bajo amenaza, llegó al país con su marido Limber Santos y sus dos hijos.
Instalada en Buenos Aires, la familia de Santos le quitó sus documentos para
que no pudiera regresar y quedó atrapada bajo su control. Tiempo después se
mudaron a Florencio Varela para trabajar en los hornos. Allí, Santos entablo
relación con un vecino, Tito Vilca Ortiz, con quien contrajo deudas por juegos
y que pagó con el cuerpo de Reina.
En 2010, Santos fue encontrado muerto en un terreno
abandonado, luego de haber estado desaparecido por dos días. La policía fue a
buscar a Reina y la acusó del asesinato. Reina, quien no entendía el idioma en
el que le hablaban, asintió con la cabeza ante el oficial parado en su puerta
(un gesto tradicional de su comunidad). Eso selló su suerte.
Una historia de todas
Argentina adhiere a la convención de Belém do Pará, donde se
acuerdan líneas de detección, prevención e intervención para erradicar la
violencia de género. Según dicha convención, se entiende por violencia de
género “cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño
o sufrimiento físico, sexual o psicológico”. Es una definición que denuncia la
violación de los derechos a la libertad, a la integridad personal y a la salud,
cercenando el goce pleno de los derechos civiles, sociales, económicos y
culturales de las mujeres y las minorías sexuales.
La violencia de género es posible dentro de lo que conocemos
como sistema patriarcal. Entender políticamente al sistema patriarcal nos
permite examinar con mayor profundidad el rol que ha venido jugando el Estado
ante los casos de violencia de género que terminan en actos ilegales
perpetuados por las mujeres. Siempre ausente en las políticas de prevención y
detención de la violencia de género, el Estado hace su entrada en la vida de
las mujeres cuando puede juzgarlas y castigarlas. Permite la opresión ejercida
por los hombres sobre las mujeres al no garantizar la seguridad y el ejercicio
pleno de los derechos de éstas. A su vez, valida los roles sexistas de la mujer
sumisa cuando persigue y castiga a quienes han actuado en legítima defensa de
su derecho a vivir una vida libre de violencia
Las violencias tras las rejas, una historia que continúa
Cuando el Estado finalmente “vio” a Reina fue para acusarla
de Homicidio Agravado. Reina debería esperar 3 años en prisión para que su
testimonio pudiera ser tomado en cuenta.
La violencia desplegada desde el sistema judicial y el
Servicio Penitenciario Bonaerense es una profundización del proceso de control
y disciplinamiento al que la mujer es continuamente expuesta en todos los
aspectos de la vida social. Las consecuencias de estas violencias son una
degradación subjetiva que paraliza a la mujer, poniendo en marcha una serie de
mecanismos necesarios para la reproducción del sistema patriarcal: discriminación,
invisibilización y sometimiento.
Resulta entonces necesario advertir que el género es una
categoría de análisis imprescindible a la hora de indagar los procesos de
vulneración social, ya que permite detectar múltiples dimensiones de las
violencias cotidianas que afectan la disposición y los recursos para combatir
el desempleo, la desprotección estatal y la pobreza de las mujeres.
La cárcel -que actualmente aloja a 1025 mujeres en provincia
de Buenos Aires- reproduce violencias anteriores y produce nuevas modalidades.
El Informe del Comité Contra la Tortura entiende la violencia de género como
una forma de tortura específica dentro de los penales femeninos. Las mujeres se
ven expuestas continuamente a violencias que impiden el ejercicio pleno de sus
derechos y la posibilidad real de ejercer autonomía en sus vidas. Al poco
tiempo de ingresar a un penal, podrán rápidamente ver que allí también serán
víctimas de violencia de género: violencia económica cuando deban trabajar por
menos de 50 pesos mensuales, violencia física y sexual por parte de los
penitenciarios/as que cambien “beneficios” por “favores sexuales”; violencia
emocional y psicología al ser llamadas malas madres por haber sido obligadas a
dejar sus hijos/as con desconocidos/as.
Es así que el aumento en las tasas de prisionalización
femenina responde a decisiones políticas que, desconociendo las violencias de
género sufridas por las mujeres dentro de la sociedad patriarcal -y
profundizadas por las diferencias étnicas, económicas y etarias- resultan en la
persecución de un sector social vulnerable.
El caso de Reina Maraz, una mujer pobre e inmigrante nos
permite insistir sobre las pésimas condiciones en las que se encuentran las
mujeres privadas de su libertad en nuestro país. Ignorar las particularidades
que atraviesan a las mujeres presas y silenciar su realidad, constituye una de
las tantas formas que adopta la violencia de género. Este caso nos muestra los
niveles extremos que la violencia institucional puede alcanzar. La historia de
Reina no debe ser leída de ningún modo como una excepción en los modos
habituales de funcionamiento de la justicia y el Servicio Penitenciario.
El desafío que enfrentan quienes se proponen trabajar desde
una perspectiva de género dentro de la cárcel es el de poder problematizar los
silencios de las mujeres, tan impuestos como naturalizados, para poner sobre la
mesa que tras la justicia que juzga, la cárcel que encierra y la tortura que
castiga, lo que hay es una sociedad desigual y una justicia patriarcal.
Agustina R.
*Escrito para Notas - Periodismo Popular
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