Seguridad y políticas públicas: Sobre los viejos y nuevos problemas que acarrea la respuesta represiva al problema de la inseguridad.
Conocer a alguien que haya estado preso, tener un familiar en la cárcel o haber pasado por una situación de encierro, son casos de una realidad cada vez más común en los barrios populares de la provincia de Buenos Aires. Nos referimos al hecho de que en las dos últimas décadas el encarcelamiento ha aumentado en Argentina de manera exponencial, emergiendo como problema social. En tanto crece institucionalmente al aumentar el número de cárceles y de detenidos, también se expande afectando cada vez a más personas en sus historias personales y sus vínculos familiares, sociales y laborales.
La experiencia de vivir en la cárcel es desgarradora. Allí las violencias son la forma habitual de convivencia, tanto desde el personal penitenciario hacia los presos y las presas como entre los mismos internos. La violencia se ejerce desde lo más básico como la falta de acceso a la salud, la alimentación o la educación, hasta lo más extremo como las torturas corporales. También aparece como violencia simbólica, en la forma de malos tratos constantes y naturalizados, degradando y desvalorizando a las personas.
Las violencias se inscriben en los cuerpos y en las mentes de quienes, en el sentido literal y metafórico de la palabra, se encuentran “detenidos”. Estar detenido no implica sólo la condición del encierro, sino que aparece como la imagen de un lapso en el que el tiempo se suspende. La realidad sigue su curso, las personas envejecen, las cosas cambian, pero el “detenido” sólo tendrá acceso a eso de una forma mediatizada, a cuentagotas, a través de la televisión o las visitas familiares. La salida en libertad, más que el éxtasis de la resocialización, se manifiesta como la condensación del aislamiento sostenido en el tiempo y de esa violencia contenida.
Recuperar el derecho a la libertad ambulatoria supone, para quienes pasaron por las instituciones carcelarias, un nuevo desafío. A la necesidad de adaptarse a las nuevas condiciones, de reencontrarse con la familia y los afectos, de re-conocer los lugares comunes y re-aprender aquello que con el tiempo fue cambiando, se suman las marcas del encierro, de la soledad y de la violencia. Marcas que, desde adentro y desde afuera, se construyen como estigmas y son la primera traba a la hora de re-comenzar una vida “normal”. ¿Qué es lo normal, cuando lo normal es la violencia, el miedo, el abuso, el abandono? ¿Cómo se atiene a las normas quien fue obligado a vivir en una institución estatal que permanentemente comete delitos?
El sistema judicial selecciona a las personas que deben cumplir un tiempo encerradas en los penales, adquiriendo el carácter de “detenidas”. Son aisladas para ser “recuperadas”, “resocializadas”, pero también para saciar una sed de venganza social. A pesar de perder el derecho a la libre circulación las personas no dejan de transitar su encierro. Son meses o años de soportar la cárcel, de vivir en carne propia esas experiencias traumáticas.
Salir en libertad implica, entonces, “superar” el paso por la cárcel y enfrentarse a una nueva realidad aún más difícil que la previa al encierro. Los estigmas, la ruptura de lazos sociales y la falta de recursos acentuados por el tiempo de detención son las cargas para enfrentar la libertad.
¿Por qué se sigue encarcelando personas? Desde la década de 1990 el número de detenidos no deja de aumentar en correspondencia con la implementación de las políticas neoliberales y neopunitivistas. Pero con los cambios de gobiernos el número de personas encarceladas no sólo no mermó sino que siguió en aumento.
Hay una continuidad en la selección de los sectores a ser penalizados -los sectores populares- y, por lo tanto, en el tipo de delito que se penaliza. Se continúa llenando las cárceles y construyendo nuevas para solucionar el problema de la delincuencia, que no hace más que aumentar. Se recurre a medidas de corto plazo, encarnadas en el poder policial y el encarcelamiento, que no logran dar fin a un problema que se extiende.
No se puede olvidar que la selectividad con la que operan el sistema penal y judicial, deteniendo en su mayoría a varones jóvenes, morochos, pobres, acusados de cometer delitos menores contra la propiedad, responde al incremento de las desigualdades sociales y la presión mediática por mayor seguridad.
Podría plantearse al revés: ¿Cómo estamos pensando el problema de la inseguridad, si la solución es la “detención” de una generación que ya fue también marcada por el neoliberalismo?
Tan preocupante como el hecho de que la política sea castigar, sin atacar los problemas estructurales que se asocian al delito, es el hecho de que tampoco existan políticas públicas orientadas a resolver los nuevos problemas que aparecen como consecuencia de que una porción creciente de la población se vea atravesada por las instituciones carcelarias.
El círculo vicioso de la desigualdad y la exclusión lleva a que las demandas por más seguridad (traducidas en el aumento de medidas represivas), opaquen las inseguridades relacionadas con el acceso a la salud, a la educación, a una vivienda y un trabajo dignos. La violencia que se vive en las cárceles se hace eco de estos despojos, y los magnifica al momento de expulsar a sus detenidos para enfrentarse nuevamente al tiempo de la vida real, donde las posibilidades “reales” de inserción se van diluyendo en la medida que las marcas carcelarias permanecen.
Son muchas las personas que logran encontrar su lugar, formar una familia, trabajar, estudiar, dejar atrás el monstruo, y su experiencia da el pie para seguir apostando a un cambio. Muchas más son las que regresan a una situación de vulnerabilidad, de discriminación social y acoso policial, a aumentar los bolsones de “poblaciones peligrosas” que alimentan los índices de la inseguridad.
¿Qué políticas se van a llevar a cabo para resolver los problemas derivados de más de veinte años de encarcelamientos crecientes? No sólo no se solucionó el problema de la inseguridad sino que surgen nuevas problemáticas sociales a partir de sus supuestas soluciones. Es necesario delinear políticas sociales que logren contemplar a un importante sector de la población al que la cárcel le ha dejado huellas difíciles de borrar.
Brunela G. y Maru A.
*Escrito para Notas, periodismo popular.
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