domingo, 6 de julio de 2014

Bonaerense para todos los municipios: la nueva vieja policía


Esta semana arrancó con la noticia de que la trabada discusión en la legislatura provincial acerca de la creación de las policías municipales fue clausurada repentinamente por la decisión de Scioli de crearla por decreto, salteando así la oposición legislativa radical y ganando el apoyo del peronismo conservador –el massista y el sciolista también– que criticaban los limitados aspectos progresistas del proyecto de ley.

Lo que estaba en juego en esta ley iba un poco más allá del hecho de crear más policías: de alguna forma se estaban poniendo en cuestión la estructura, metodología de acción y las prácticas de la policía bonaerense. El diagnóstico de quienes defendían la reforma por ley era que si se creaban nuevos cuerpos policiales, estos debían ser completamente autónomos de la bonaerense, para quitarle así alguna cuota de poder a una institución completamente inmersa en redes de corrupción y violencia contra lxs más pobres, cómplice con el delito a gran escala, e ingobernable políticamente.


El recorrido legislativo de los proyectos fue oscuro y complejo. Sin embargo es posible identificar que de un lado se encontraba el proyecto presentado y defendido por el diputado del sabbatellismo Marcelo Saín, que no sin contradicciones y una mirada desmedidamente esperanzada, invitaba a replantearse varias cuestiones sobre el actuar de la policía y abría intencionalmente la posibilidad a que la entrada de la policía municipal a los territorios de los intendentes significara debilitar a la bonaerense, quitándole poder de coerción sobre las poblaciones de las grandes urbes. Así, llevar adelante un nuevo modelo de policía que tuviera otra formación, podría limitar -y en el mejor de los casos contrarrestar- prácticas policiales represivas como la detención por averiguación de antecedentes.

Del otro lado estaba el proyecto que finalmente será la base del decreto de Scioli: el del Ministro de Seguridad y sheriff bonaerense Alejandro Granados y Hugo Matzkin, jefe de la bonarense. Viendo quiénes son sus defensores ya nos podemos imaginar qué plantea: la transformación de esta nueva policía en un “pichón” de la bonaerense, que comparta el mismo territorio, formación y directivos, y así posibilite una todavía mayor ampliación del poder represivo policial sobre el territorio provincial.

Es necesario destacar que la creación de estas nuevas policías y la discusión política que las circunda no salen de la nada, sino que son parte de la problemática política de la seguridad, que siempre resurge y se instala con fuerza en la agenda. Una vez más vamos hacia la aplicación de políticas punitivas, las cuales a pesar de su demostrada ineficacia en lograr los objetivos que dicen servir, siguen apareciendo para un amplio sector de la sociedad y de la clase política como la única solución válida al problema.

Hoy, esta problemática encuentra un nuevo resurgimiento a raíz de recientes hechos que provocaron una afectación de la imagen de las fuerzas de seguridad como encargadas de resolver conflictos sociales: las huelgas policiales corporativas en busca de aumentos, los linchamientos y la persistencia de múltiples zonas liberadas.

Por último, es preocupante observar cómo la creación de las policías municipales por decreto es muestra de dos cosas: por un lado, que el poder de veto de la policía bonaerense sobre la discusión política, presionando para dar fin al debate y resolverlo a su favor para continuar impunemente con sus detestables prácticas está intacto. Y redundó en que la bonaerense contará con múltiples nuevas fuerzas a su disposición. Y por el otro, la total falta de visión desde el gobierno provincial sobre cómo solucionar el problema de la seguridad, optando por la salida fácil y efectista de más mano dura, que no va a solucionar los problemas de fondo y que va a fallar en sus objetivos, como todas las medidas anteriores que fueron por ese lado.

Atrapamuros

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