jueves, 11 de agosto de 2016

Belén no es la única mujer presa por abortar*



Por Malena García. Este viernes se realizará una movilización nacional en distintas plazas del país exigiendo la libertad para Belén, la joven condenada a ocho años de prisión por un aborto espontáneo. Su caso implica una violación de los estándares internacionales de derechos humanos y, sobre todo, un mensaje de disciplinamiento para las mujeres.
Después de cumplir dos años en prisión preventiva en la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Tucumán, la Justicia la consideró culpable de homicidio en un caso repleto de irregularidades: nunca se realizó un ADN entre Belén y el feto ni se lo conservó como prueba; no existen pruebas de que haya ido al mismo baño donde se encontró el feto; hay testimonios que indican que el baño estaba limpio, al igual que la ropa de Belén; y sus propias declaraciones, en las cuales sostuvo que no sabía que estaba embarazada cuando llegó al hospital, entre muchas otras.
Hablar del caso de Belén es hablar de la legalización del aborto, es hablar de las mujeres que año a año caen en prisión por delitos de homicidio agravado por el vínculo cuando deciden sobre su cuerpo, es hablar de las mujeres pobres que están presas mientras las mujeres que pueden acceder a abortos en clínicas privadas permanecen en libertad. “Ahora quiero buscar respuestas, que se sepa la verdad y se haga justicia. Que ninguna otra mujer pase por lo mismo ni tenga miedo de ir a un hospital”, dijo Belén.
Un problema nuestramericano
Belén no es la única mujer presa por un aborto. En Argentina, se documentaron 234 condenas por abortar entre 1996 y 2008. En el caso de Brasil, 128 mujeres fueron juzgadas en el período de 2007 a 2010. Un número similar al de El Salvador, donde actualmente 129 mujeres atraviesan procesos judiciales por interrumpir su embarazo, según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto (ACDA). En Ecuador, se registraron 74 casos judicializados por aborto en los últimos dos años.
Verónica Cruz, directora de la organización Las Libres, afirmó que se han documentado cerca de 700 mujeres presas por abortar en México desde el año 2009, con casos de mujeres que han recibido penas de hasta cincuenta años de prisión. Uno de los casos que resonó este año fue el de Patricia Méndez Manuel, quien fue víctima de una violencia escalofriante en el hospital, cuando una enfermera se acercó con restos de un feto diciéndole “¡bésalo, pídele perdón, tú lo mataste!”.
En el libro “Aborto en Chile: el deber de parir”, Claudia Lagos Lira sostiene que el encarcelamiento por abortar es también un problema de clase: “Las mujeres que llegan a la cárcel por aborto tienen un perfil bastante claro. Más de la mitad de ellas no ha terminado la educación media. Algunas son analfabetas y otras ni siquiera tienen la enseñanza básica completa. La mayoría es dueña de casa o se desempeña en trabajos de baja capacitación, sobre todo como asesoras del hogar”. La condición de mujeres pobres en las tasas de prisionalización femenina es una característica que se repite en todo el continente.
Los únicos países donde el aborto es legal en América latina son Cuba, Guyana y Uruguay, y el país de Puerto Rico en centroamérica. El resto de los países lo permite en caso de que la vida de la mujer se encuentre en riesgo, exceptuando a Chile que lo prohíbe incluso en este caso. A su vez, una gran cantidad de países -Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela- prohíben interrumpir el embarazo en caso de violación.
Mientras gobierne Macri no, ni pensarlo
El 30 de junio, la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentó por sexta vez el proyecto de ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara de Diputados de la Nación. La organización presentó estadísticas que sostienen que unas 100 mujeres mueren por año por la práctica de abortos clandestinos, cifras que serían mayores si no fuera por las redes de consejerías pre y post aborto que existen en el país.
En el mes de julio, el Comité de expertos de Naciones Unidas recomendó a Argentina la revisión de la legislación sobre el aborto, entendiendo que la penalización del mismo no sólo no impide su práctica sino que también pone en riesgo la integridad de las personas que deben recurrir al aborto clandestino. En Uruguay, donde la práctica del aborto es legal, no se han registrado muertes desde que comenzó a regir la legislación, por dar un ejemplo.
Sin embargo, al ser consultado por el caso de Belén, Mauricio Macri defendió la prohibición del aborto argumentando que “traer a un niño a este mundo es una de las cosas más lindas que le puede pasar a una pareja”. Frente a posturas reaccionarias que conciben a las mujeres como madres y potenciales madres, que prohíben la libertad de elección sobre nuestros propios cuerpos y que se desentienden de las responsabilidades del Estado en el altamente redituable negocio del aborto clandestino, se hace imprescindible luchar en unidad por su legalización. Argentina no será ni por asomo un país más democrático mientras no se salde esta deuda. Ni pensarlo.

*Publicada en www.notas.org.ar

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