jueves, 26 de septiembre de 2013

“A los bifes”: Berni, Granados y Casal o la seguridad en la década ganada.


Mi Sheriff gigoló

Hace ya tres meses que Sergio Berni, Secretario de Seguridad de la Nación, se sacó la última piedra del zapato: su jefa Nilda Garré. Así confirmó que en el área de Seguridad una segunda línea con diálogo directo con la Presidencia es la que dirige la acción, mientras el actual ministro Puricelli corre detrás de las novedades poniendo la cara.

Con el proyecto progresista de Garré sepultado por el propio gobierno y contando con el visto bueno de Cristina capitana, Berni comenzó a desplegar con soltura su arsenal. Aparece cada vez que le es posible en las pantallas, agita que la justicia pone obstáculos a la hora de combatir eficientemente el delito, y aboga por la criminalización de la pobreza y la protesta social, al tiempo que pone todas las fuerzas a su cargo –Policía Federal, Gendarmería, Prefectura– tras el objetivo de “sacar los delincuentes de la calle”.

Y nada mal le va con esta línea de discurso y acción, que complace sin mediaciones a las demandas irrefrenables de los medios y mima a la porción del electorado que le fue infiel al kirchnerismo en las últimas elecciones.


Meté bala por favor

Alegría para Scioli, que pasó de ser el alumno rebelde al ejemplo de todo el salón. Aprovechando el envión y ya sin nadie atándole la(s) mano(s), activó a su vez cambios fuertes en el esquema provincial de la seguridad. Desdobló el Ministerio de Justicia y Seguridad, dejando a su “mejor ministro” Ricardo Casal en Justicia y ubicando a Alejandro Granados, intendente de Ezeiza, a cargo de la seguridad de la provincia más poblada –en población total y en población carcelaria– del país.

Granados, intendente menemista, devenido en intendente duhaldista, devenido en Barón del Conurbano kirchnerista –democracia– fue hasta ahora amo y señor de Ezeiza, donde ideó un esquema de patrullaje territorial basado en la saturación policial y en incentivar el uso de armas por parte de lxs vecinxs en la lucha contra el delito. En su localidad existieron escuadrones de la muerte policiales, financiados con aportes de comerciantes locales, que obraban implacablemente contra lxs pibxs chorrxs del lugar, lo que da una muestra de lo que quiere decir la palabra “eficiencia” para Granados a la hora de construir seguridad.

“Tenemos que ir a los bifes lo más rápido posible”, declaró Granados en su discurso de asunción. En consonancia, Berni coordina con Scioli el envío de 4500 gendarmes a la Provincia, se prometen 100 mil policías en las calles para fin de año y se convoca a agentes retirados a volver a la fuerza. Queda claro quién recibirá los bifes de los que habla granados: la juventud pobre y urbana, baleada, golpeada y violentada los últimos años por la policía de Casal, quién ahora comandará el área encargada de garantizar el control judicial de esos procedimientos. Después de diez años de kirchnerismo, difícilmente se pueda encontrar un momento mejor para Scioli y su política de derecha en la Provincia.

Algún día será esta vida hermosa

Demagogia punitiva es el nombre que se le da al accionar de aquellxs políticxs faltos de buenos recursos políticos cuando intentan activar el miedo de la población al mismo tiempo que ofrecen soluciones tan rápidas y represivas como inaplicables. En estos meses que siguen a las PASO sobran planteos abstractos, falacias estadísticas y, por sobre todas las cosas, intenciones electoralistas que nada tienen que ver con la construcción de políticas públicas.

Recurrir a la demagogia punitiva fue la jugada de manual que aplicó el candidato a Diputado por la Provincia de Buenos Aires Martín Insaurralde hace pocos días con la intención de arañar algunos votos massistas. Pero de lo que habla su peligrosa propuesta de bajar la edad de imputablidad, aplaudida por lxs eternxs contrincantes del kirchnerismo, es de la incapacidad política del gobierno de activar una acción positiva desde el estado, en forma de prevención, inclusión y seguridad sostenible en el tiempo.

Tras la derrota de la gestión de Garré, el gobierno nacional parece decidido a trocar sus tan mentados ideales inclusivos por un punitivismo que nada tiene que ver con los Derechos Humanos. Ya la escuchamos varias veces a Cristina pedir en nombre de la voluntad popular prudencia a jueces que, según su visión, irresponsablemente dejan salir a delincuentes peligrosos a la calle.

Empezá ya la puta cosa y sé feroz

En la ciudad de La Plata los bifes de los que habló hace pocos días Granados ya son muy visibles. Doscientos gendarmes ya vigilan la ciudad sumándose a las patrullas municipales. Al mismo tiempo, el nuevo Ministro de Seguridad bonaerense se reúne con el Intendente Pablo Bruera para delinear un “plan intensivo de seguridad” que, entre otros delirios, propone reestructurar las grillas policiales para acabar con los “motochorros”, figura mediática de difícil relación con la realidad.

Granados está dispuesto a esparcir por toda la provincia aquello que le permitió a él actuar con tanta libertad en el control de su propio territorio: una coordinación intensiva con las autoridades locales que ponga en sus manos importantes decisiones sobre la focalización del actuar policial. Así, juega con un cuchillo de doble filo que quedará en manos de Intendentes generalmente poco dispuestos a soluciones preventivas.

Los planetas se alinean tras la década ganada: desde los distintos niveles del gobierno se coincide como nunca en hacer política con el castigo, renovando el aval político al autogobierno policial y confiando en la pútrida Policía Bonaerense y en fuerzas militares la seguridad de la población. Habrá que esperar una vez más a que la realidad demuestre que así no es como se construye seguridad. Pero al menos habremos aprendido con qué actores políticos se puede apostar a un cambio profundo y cuales están definitivamente del otro lado.

Tristán B.

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