miércoles, 11 de septiembre de 2013

Ante el asesinato de la joven Nélida Soledad Bowers, exigimos, más políticas para la vida


“La infancia es aquel lugar donde todos los nudos llegan al peine; 
y es la infancia el lugar en la cual toda hipocresía se decanta 
y el sistema social se descompagina en su aparente 
racionalidad.” 
Eligio Resta, "La infancia herida".

Los abajo firmantes repudiamos el accionar del Sargento Mauricio Aguilera, quien el pasado jueves 29 de agosto, en un claro acto de gatillo fácil terminó con la vida de la joven Nélida Soledad Bowers. Así mismo nos solidarizamos con la familia de la víctima, para quienes exigimos asistencia y acompañamiento por parte del Estado provincial y municipal a través de los órganos competentes que contempla la ley 13.298 de Promoción y Protección de los derechos de la Niñez.

La muerte de Soledad cobró, en pocas horas, notoria presencia en los medios locales. La noticia que por estos momentos asombra, es en realidad una práctica que ocurre frecuentemente en las barriadas populares de nuestra región, con la diferencia que esta vez, el fuego de la policía se abrió ante los ojos de la sociedad entera y en pleno centro de la ciudad. Barriadas populares como las que habitaba cotidianamente Soledad, donde la presencia del Estado se refuerza, cada vez más, en su carácter represivo y en donde la ausencia de un Estado garante de derechos es el destino inevitable de dichas geografías.

Hechos como éste ponen en evidencia el accionar cotidiano de la policía y las fuerzas de seguridad, que en un marco de total impunidad deciden cuándo terminar con una vida alegando después el motivo de “legítima defensa”. En una coincidencia delatora, las declaraciones del Sargento que argumenta haber disparado recién después de que las personas a las que perseguía gatillaran dos veces el arma, se asemeja a algunas de las declaraciones de los policías que asesinaron a pibes, de entre 11 y 17 años, en menos de un año en nuestra ciudad, investigadas y denunciadas por un Defensor Penal Juvenil (titular de la def. Nro. 16 de La Plata). La diferencia es que en estos casos el único presente era el policía que disparaba y en esta ocasión había testigos, que aseguran que el sargento abrió fuego sin que existiera enfrentamiento alguno.


Para el defensor particular del Sargento Mauricio Aguilera, éste último actuó en legítima defensa y debe quedar en libertad. El efectivo está acusado de "homicidio simple con dolo eventual" un delito que no es excarcelable y prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión. La defensa asegura que se trataría de un hecho que “se debe encuadrar, en el peor de los casos, como un exceso en la legítima defensa, y debe quedar en libertad”(Diario Diagonales, fecha: 1-09-2013). Estos dichos sólo nos recuerdan a la nefasta caracterización de “errores y excesos” que trataron de justificar las violaciones a los Derechos Humanos cometidos, como en este caso, por el Estado, durante la última dictadura Cívico-militar.

Políticas para la vida… no se logran con más policías.

Sabemos que no se trata de hechos aislados, sino que son consecuencias de tener como pilar de las políticas de seguridad el aumento de personal, equipos y armas. En este sentido, para quienes trabajamos con niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, resulta preocupante la decisión de implementar un plan de seguridad coordinado entre el gobierno nacional, provincial y municipal que sólo refuerza, con la llegada de 200 gendarmes a la ciudad, el carácter punitivo y represivo de las medidas supuestamente tendientes a disminuir el delito.

Está ampliamente demostrado que la militarización del territorio no sirve para combatir el delito. La supuesta “prevención” da margen a las prácticas arbitrarias, discriminatorias y violentas de las fuerzas de seguridad. Estas políticas ineficaces y violadoras de los derechos de quienes las sufren, se realizan en desmedro de políticas que contemplen la seguridad de manera integral y que amplíen derechos en lugar de acotarlos. Nos parece de vital importancia que el gobierno nacional, provincial y municipal reorienten el destino de dichos recursos para que éstos sean utilizados en políticas públicas que busquen incluir a nuestros jóvenes y respeten su derecho a una vida digna, según lo establecen las prioridades contempladas en los pactos internacionales y legislaciones nacionales y provinciales relativas a la niñez. Considerando que el presupuesto asignado a la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Pcia representa estimativamente el 0.48% ($ 678.419.800) del total del presupuesto ($ 139.019.619.800).

Por eso creemos que la primera seguridad que hay que garantizar es la de los niños, niñas y adolescentes con una efectiva implementación del sistema de promoción y protección integral y garantizar todos los derechos humanos consagrados en la normativa nacional e internacional suscripta.

Lo que no implica otorgarle el poder discrecional a las fuerzas públicas policiales de aplicar ejecuciones extrajudiciales, ilegales, que han sido denominadas por la doctrina como pena de muerte encubierta-de facto (muertes por ejecuciones sin proceso). 

Advertimos que esta práctica de violencia materializada por agentes del Estado puede generalizarse, convirtiéndonos a todos en potenciales víctimas de una “masacre por goteo”, caracterizada por una total impunidad y absoluta violación de las garantías y los derechos humanos, en especial de la preservación de nuestro bien más preciado, la vida.

El Estado es el primer responsable tanto por acción como por omisión, de velar por la plena vigencia de nuestros derechos, de respetar la ley, de protegernos. Los ciudadanos necesitamos en materia de seguridad social y en materia criminal políticas claras, eficientes y eficaces, de lo contrario nos expone a una situación de indefensión, no sólo frente a actos de naturaleza delictiva, sino, de lo que se vuelve más preocupante aún, frente a los propios actos de la autoridad pública.


Por eso exigimos:

• Seguridad para nuestros/as pibes/as con mayor inclusión social.
• Plena aplicación del Sistema de Promoción y Protección Integral de los derechos del Niño.
• Prioridad en la asignación presupuestaria para políticas públicas en materia de niñez, adolescencia y Juventud.
• Basta de Criminalizar la niñez.
• Justicia por Nélida soledad Bowers y todos/as los/as niños/as y adolescentes víctimas de la violencia institucional. Basta de mano dura, queremos políticas para la vida.


“Sos un idiota si crees que el aire puro lo podes garantizar vos solo, 

en tu casa, mientras afuera todo es aire viciado, pero por sobre 

todas las cosas sos idiota si pensás que tus hijos podrán

 vivir bien porque los demás viven mal, tal vez en las periferias
 de la ciudad o en las periferias del mundo.”
Eligio Resta “La infancia herida

Firman:

Programa "Niñez: DDHH y Políticas Públicas" - FCJyS (UNLP)
Espacio de Niñez del Frente Popular Darío Santillán - Corriente Nacional
Atrapamuros - Colectivo de Educación Popular en Cárceles
Colectivo Garabatos
Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud La Plata

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